Decreto, Ley de suspension por ciento veinte dias de los terminos en juicios civiles, mercantiles y administrativos
LEY DE SUSPENSION POR CIENTO VEINTE DIAS DE LOS TERMINOS EN JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y ADMINISTRATIVOS
Decreto No. 37,
Aprobado el 8 de agosto de 1979
Publicado en La Gaceta No. 6 del 3 de septiembre de 1979
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Decreta:
La siguiente Ley:
SUSPENSION POR CIENTO VEINTE DIAS DE LOS TERMINOS EN JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y ADMINISTRATIVOS
A partir del día cuatro de junio del corriente año, se consideran en suspenso por el lapso de ciento veinte días, los términos en toda clase de juicios civiles, mercantiles y administrativos que a la fecha de la presente Ley, hayan sido entablados o se entablaren posteriormente en todas las Oficinas y Tribunales de la República. Pero, sí todas las partes instan la continuación, cesará esta suspensión.
De igual manera, quedarán en suspenso los términos perentorios o preclusivo estipulados en los contratos o negocios para producir el nacimiento o extinción de obligaciones.
- Las notificaciones, avisos, reclamaciones y demás requisitos que deban llenar los asegurados para hacer efectivas sus pólizas de seguro, de cualquier clase que éstas sean, podrán hacerse y tendrán validez dentro de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de la presente Ley, aunque ya estuvieren vencidos los términos para hacerlo, salvo que las pólizas contemplaren plazos mayores.
Las renuncias al domicilio hechas en cualquier clase de actos o contratos, no tendrán validez durante el plazo de ciento veinte días estipulados como término de la presente Ley.
Tampoco correrá el expresado lapso de ciento veinte días para contar los términos de caducidad de los juicios, a que se refieren en los artículos anteriores, ni para la prescripción de bienes o de obligaciones exigibles.
Durante el término de ciento veinte días, a que se refieren los artículos anteriores, no podrán verificarse secuestros, embargos, retenciones, intervenciones en bienes o empresas; salvo las medidas y disposiciones dictadas por la Procuraduría General de Justicia. Tampoco podrá ser citada ninguna persona a diligencias prejudiciales ni notificadas o requeridas de pago.
Durante la vigencia de esta Ley, no correrá el término para ejercer el derecho...
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