Nuevos tiempos, nuevos patrones (1990-1994)
| Autor | Turid Hagene |
| Páginas | 155-187 |
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La relación de patronazgo que he propuesto anteriormente entre el FSLN y las cooperativas era clásica, en el sentido de que puede considerarse que el FSLN distribuía los recursos al tiempo que demandaba reciprocidad en forma de control y lealtad. Así, cuando Violeta Barrios de Chamorro y la coalición de la Unión Nacional Opositora (UNO) tomó las riendas del gobierno en 1990, la cooperativa de La Esperanza experimentó la separación que distinguía a gobierno de donante, por lo cual sugiero que analicemos a cada uno por separado.
En primer término, con respecto al gobierno he indicado que las condiciones que ofrecía el sandinismo no condujeron al desarrollo de las cooperativas como unidades económicas autónomas. En tanto, el gobierno neoliberal de la UNO fue más allá de las medidas instrumentadas por el FSLN en 1988 (en lo referente a la economía de libre mercado), y en este capítulo exploraré brevemente el impacto de estas políticas en la pequeña industria. ¿Había alguna señal que indicara que el gobierno de la UNO pretendía crear relaciones de patronazgo con el antedicho subsector?
En segundo lugar, en lo referente al donante (sobre el cual versará la mayor parte del presente capítulo), vemos que los recursos materiales para La Esperanza ?uían ahora desde la agencia noruega, NORAD, y cabe preguntarse si tendría sentido seguir considerando esta relación en términos de patronazgo. Obviamente, el donador y las mujeres de La Esperanza representaban dos perspectivas diferentes desde las cuales interpretar los eventos; habiéndose con?gurado sus mundos de vida (del donador y del receptor) en contextos muy diferentes. Si la relación era entre patrón y cliente, ¿qué podría considerarse como reciprocidad de parte de las mujeres de La Esperanza? Pese a que las relaciones de patronazgo bajo el mando del FSLN
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habían sido mediadas a través de relaciones personales, ningún patrón se había hecho realmente presente en la cooperativa. A diferencia del FSLN, NORAD, la agencia noruega, estaba representada por una cooperante que trabajaba con las mujeres en La Esperanza. El haber colocado una especialista en la cooperativa para entrenarlas en corte y confección, diseño, comercialización y administración, podría verse como una cuestión natural, sin embargo, daré un vistazo al avispero de lo que se ha llamado ayuda para el desarrollo, y discutiré en qué medida el patronazgo puede constituir una perspectiva útil para comprender el proceso que se dio en la cooperativa durante esos años. A partir de un acercamiento a la serie de con?ictos que se dieron, exploraré en qué medida la cooperante puede considerarse como un agente mediador del patronazgo ejercido por el donador noruego.
He sugerido que durante el periodo sandinista la ?gura de la cooperativa fue útil al FSLN en términos administrativos y para ?nes de control económico y político; así, la imagen del cooperativismo era lo su?cientemente ?exible como para servir a estos propósitos, pese a que las cooperativas como tales no parecen haber representado una prioridad ideológica para el FSLN. Bajo las nuevas circunstancias, las mujeres de La Esperanza fueron asumiendo el rol de agentes mediante la manipulación de la siempre cambiante estructura de oportunidad, práctica que abordaré a continuación. Durante un periodo de cinco años, el empleador de la cooperante —NORAD— se convirtió en el “otro signi?cante” para las mujeres. Dicha organización de ayuda se retiró gradualmente en 1994, tras una serie de medidas y búsqueda de canales de ayuda, y tras haber requisitado diversos estudios sobre la cooperativa a varias agencias consultoras.
El presente capítulo explora algunas de las dinámicas que se dieron entre las mu-jeres de la cooperativa y la interacción de ellas con la cooperante, subrayando así la noción de autoridad suscrita por ellas. También analizaré la interacción entre las mu-jeres y NORAD, así como con otras organizaciones, entre las cuales se esceni?caba también una compleja interacción. Evaluaré en qué manera la forma organizativa de cooperativa, la forma de propiedad del edi?cio y las negociaciones con las diver-sas organizaciones de ayuda (y de otro tipo) constituyeron una compleja estructura de oportunidad para las mujeres, en su continua lucha socioeconómica; pero antes, daré una breve descripción del contexto económico, industrial, y de las cooperativas que privaron bajo el gobierno de la UNO, a partir de 1990.
Como ya se ha visto en los capítulos precedentes, durante la década de 1980 el gobierno sandinista priorizó la producción para el mercado interno, una política impulsada
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por la carencia de divisas y las necesidades de la población, así como de las unidades militares que requerían uniformes, calzado y alimentos.1Esta política fue ejecutada por el Ministerio de Industria y se extendió también hacia la pequeña industria. La fórmula de economía mixta abarcaba una cantidad de fábricas textiles y de prendas de vestir propiedad del Estado, incluidas aquellas de la Zona Franca,2las cuales también producían para el consumo nacional durante la década mencionada. En esta sección, me apoyaré sustancialmente en el estudio sobre la industria llevado a cabo por Wiegersma (1994) entre 1991 y 1993.
Con el nuevo gobierno de la UNO, la directriz era privatizar buena parte de la industria propiedad del Estado, medida que se combinó con la liberalización comercial. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la agencia estadounidense AID, exigieron directamente la instrumentación de dichas políticas a ?n de reestructurar los préstamos internacionales para Nicaragua, y así poder abrir nuevas posibilidades de crédito y ayuda. Además, los países vecinos de Centroamérica y el Caribe habían venido reestructurando su sector industrial conforme a la economía global durante los años en que en Nicaragua se fortalecía el mercado interno. Cuando el gobierno nicaragüense decidió incorporarse a esta “fábrica global” (Rothstein y Blim (eds.) 1992; Wiegersma 1994), obviamente lo hizo con una planta industrial obsoleta y en condiciones de mantenimiento precarias, dado que la maquinaria era estadouni-dense y había sido difícil conseguir refacciones durante el embargo.3La liberalización comercial incluyó un incremento en el impuesto para la importación de materias primas y una disminución del impuesto para la importación de productos terminados (El Observador Económico, diciembre 1992). Por lo cual, la mayoría de las fábricas de textiles y de prendas de vestir propiedad del Estado fueron cerradas, mientras que las pequeñas empresas privadas del ramo experimentaron serias presiones. Además, la venta de ropa USA4(ropa de segunda mano procedente de
E. U.) creció, constituyendo una severa competencia (Vargas 1993; véase también la tabla 5). Wiegersma (1994: 199-200) supone “[que las] cooperativas de producción y los fabricantes y vendedores de ropa en los barrios continuaron operando durante este periodo de cierre”. Esta suposición, sin embargo, es contradicha por el hecho de
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que el sector de las cooperativas se había desintegrado en gran medida tras la instrumentación de la nueva política económica de 1988. Así, de las 120 cooperativas de producción en todas las ramas de la pequeña industria que existían en 1987, sólo 41 estaban más o menos sobreviviendo en 1991 (APN 1992), y para 1994, sólo 80 cooperativas5de la pequeña industria parecían haber sobrevivido, al menos formal-mente. En el rubro de la manufactura de prendas de vestir, sólo 23 cooperativas de producción perduraron, mientras que en el renglón de crédito y servicios sólo tres de ellas lo lograron. De este modo, las terribles condiciones para la industria de la ropa a principios de la década de 1990 descritas por Wiegersma (1994) fueron el entorno de operaciones también para las cooperativas, incluyendo a La Esperanza.
¿En qué consistió la política de la UNO para el sector cooperativista? El gobierno inició reintegrando a principios de la década de 1990 a las cooperativas agrícolas al tutelaje del Departamento de Cooperación, uni?cando así a todas las cooperativas bajo el Ministerio del Trabajo.6Después, se concertó una reunión con diversas organizaciones interesadas en el desarrollo de cooperativas y se elaboró un plan para promover, capacitar, apoyar y registrar cooperativas.7Sin embargo, el destino de estas tareas se dejó a la suerte; en 1991 el gobierno adoptó el Plan de Conversión Ocupacional, que disponía un recorte en el presupuesto para los empleados públicos y era probablemente parte del ajuste estructural requerido por las instituciones ?nancieras internacionales. De acuerdo con este Plan, los trabajadores que presentaran su renuncia del servicio público recibirían una liquidación de hasta 2 mil dólares (Babb 1996), algo que supuestamente les posibilitaría resistir hasta encontrar otro empleo. En la Memoria del Ministerio del ramo se indica que 46 por ciento del personal del Departamento de Cooperación dejó la institución por esta vía, con lo cual el desempeño del mismo se limitó sólo a las actividades más urgentes: el registro de las cooperativas y la atención a los con?ictos internos en las mismas.
Posteriormente, el Ministerio recibió un donativo para modernizar su registro de cooperativas con tecnología computarizada, y se formó así una base de datos para
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las estadísticas producidas al ?nal de ese periodo (1990-1996)...
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