• Etapa: Redacción de texto

El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Sabed:

Que, La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

Ha dictado la siguiente: LEY N°. 902

CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Capítulo Único

Principios

Artículo 1 Supremacía de la Constitución Política de Nicaragua

Las disposiciones de este Código deberán siempre interpretarse y aplicarse en

consonancia con los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política,

las leyes, convenciones, tratados u otros instrumentos internacionales de derechos

humanos aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua. Las autoridades

judiciales velarán por el respeto de los derechos fundamentales consagrados en

la Constitución Política.

Artículo 2 Ámbito de la ley

En los procesos civiles, las autoridades judiciales y quienes ante ellos acudan e

intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en este Código.

Artículo 3 Supletoriedad

Este Código constituirá legislación supletoria para aquellas materias que no

cuenten total o parcialmente con normativa procesal.

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Ley No. 902, Códig o Procesal Civil de la República de Nicaragua

Artículo 4 Territorialidad de la norma procesal

Los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente

por las normas procesales nicaragüenses, excepto lo dispuesto en los

instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua.

Artículo 5 Temporalidad de la norma procesal

Los asuntos que correspondan a los juzgados y tribunales civiles, se tramitarán

con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.

Artículo 6 Debido proceso

Las autoridades judiciales civiles deben guardar observancia del debido proceso

en todas sus actuaciones, brindando las garantías necesarias a las partes para la

adecuada defensa de sus derechos.

Artículo 7 Acceso a los juzgados y tribunales

Toda persona tiene derecho a acudir y promover la actividad de las autoridades

judiciales civiles, con el fin de obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses

legítimos.

Artículo 8 Tutela judicial efectiva

Toda persona tiene derecho a obtener de las autoridades judiciales civiles, siempre

que concurran todos los presupuestos procesales establecidos en este Código,

una sentencia debidamente razonada, motivada y fundamentada, en tiempo, en la

que se resuelvan las pretensiones que han sido objeto de debate entre las partes

y al efectivo cumplimiento de lo resuelto.

Artículo 9 Juez predeterminado por la ley

Los juzgados y tribunales civiles tendrán competencia en cada caso, cuando el

conocimiento de la causa les esté atribuido por normas con rango de ley y

anteriores a la iniciación de las actuaciones de que se trate. Nadie puede ser

separado de su juez o jueza competente.

Artículo 10 Igualdad, contradicción, defensa e imparcialidad

Las autoridades judiciales civiles garantizarán la igualdad de derechos, facultades

y condiciones de las partes en el proceso. También se garantizará la aplicación de

los principios de contradicción, defensa e imparcialidad.

Considerando la dualidad de posiciones, todas las partes tienen derecho a ser

oídas por el órgano jurisdiccional, antes de adoptar cualquier decisión que afecte

directa o indirectamente a la resolución final, bien en la instancia, bien en los

recursos, en cualquier proceso ordinario o especial; así mismo se les oirá para la

adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que

voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la

audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto.

En ningún caso se puede producir indefensión a las partes del proceso, a quienes

se les garantiza el acompañamiento de abogado o abogada que les asista o

represente, elegido libremente por las partes o designado por el Estado, en los

términos previstos por este Código.

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Ley No. 902, Códig o Procesal Civil de la República de Nicaragua

Las autoridades judiciales civiles dictarán sus resoluciones con absoluta sujeción

al principio de imparcialidad.

Artículo 11 Proceso público

Las comparecencias y las audiencias del proceso serán públicas, salvo que

expresamente la ley disponga lo contrario o el juzgado o tribunal así lo decida, por

razones de seguridad, de moral, o de protección de la personalidad de alguna de

las partes en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En ningún

caso se impedirá a las partes el acceso al expediente, ni a las actuaciones orales

del proceso.

Artículo 12 Dispositivo

Las partes pueden iniciar y poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia en

cualquiera de las instancias o en casación, en las formas previstas en este Código,

sin perjuicio de lo que éste disponga para aquellos procesos especiales en los que

se tutelen derechos o intereses públicos.

Artículo 13 Aportación de parte

Los hechos que conforman las pretensiones y en los que se debe fundar la

resolución judicial de fondo, han de ser alegados por las partes en los momentos

fijados por este Código.

Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos

controvertidos, han de ser aportadas por las partes en el momento procesal

dispuesto por este Código.

A la autoridad judicial le queda prohibida la aportación al proceso de hechos o

medios de prueba de conformidad con el presente Código.

Artículo 14 Buena fe y lealtad procesal

Las partes, sus representantes y todos los partícipes del proceso, ajustarán su

conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la

lealtad y buena fe. La autoridad judicial deberá tomar, a petición de parte o de

oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de

dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden

o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión o el abuso

del derecho y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

Se entiende por fraude procesal todo comportamiento de las partes, sus

representantes y demás partícipes del proceso, en virtud del cual el juzgador o

juzgadora ha sido víctima de engaño debido a la presentación falaz de los hechos,

a probanzas irregulares, documentos alterados, e incluso por efecto de una

argumentación falsa.

Artículo 15 Dirección del proceso

Las autoridades judiciales tienen el deber de dirigir y controlar formalmente el

proceso e impulsar las actuaciones procesales de mero trámite hasta su

conclusión, de acuerdo a las disposiciones generales de este Código, a menos que

la causa esté en suspenso por algún motivo legal, y sin perjuicio de la facultades

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