Sentencia de Corte Centroamericana de Justicia, 13-12-1996 (Expediente Nº 9-04-08-1996)

• Número de expediente: 9-04-08-1996
• Fecha: 13 Diciembre 1996
• Tipo de proceso: Consultivo
• Emisor: Corte Centroamericana de Justicia (Nicaragua)

“ Expediente No. 4-8-96

“CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,

Centroamérica, trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, siendo las diez de la

mañana. Vista la solicitud de Consulta presentada el día dos septiembre de mil novecientos

noventa y seis por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por medio de su

Vicepresidente Señor José Rodolfo Dougherty Liekens, contraída a pedir que esta Corte

evacúe Consulta sobre los Puntos siguientes: 1.- Si la honorable Corte de

Constitucionalidad de la República de Guatemala, tiene competencia para

pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una estipulación contenida en un

Tratado Internacional, caso en el cual al sentenciar a favor del solicitante, declarando

inconstitucional el Artículo 27 ya relacionado, indiscutiblementemente afectaría y

vulneraría derechos de personas de nacionalidad diferente a la Guatemalteca, en este

caso ciudadanos de El Salvador y Honduras. 2.- Si por el hecho de que la Constitución

Política de la República de Guatemala no diga expresamente que los Diputados al

Parlamento Centroamericano gozan de antejuicio, cualquier disposición del Tratado

Constitutivo del mismo en ese sentido, específicamente su Artículo. 27, es

inconstitucional; no obstante que dicha Constitución no limita tal derecho a su propia

enumeración y que en Guatemala, otras leyes ordinarias lo conceden, sin estar

mencionados los beneficiarios en el texto constitucional. 3.- Cualquier otro

pronunciamiento que a juicio de esa Honorable Corte, se derive del contenido de la

acción de inconstitucionalidad o de los puntos anteriores. CONSIDERANDO I: Para el

Estado de Guatemala no se encuentra en vigor el Convenio de Estatuto de La Corte

Centroamericana de Justicia que regula su integración, funcionamiento y atribuciones, por

lo que para evacuar correctamente la consulta presentada y determinar los alcances

jurídicos de la misma en cuanto a dicho Estado y a la institución que la solicita, es

necesario previamente determinar el marco jurídico básico aplicable y las características

específicas de las normas que lo integran. Indudablemente, los derechos a interpretar y

aplicar en este caso, son el Derecho de la Integración y el Derecho Comunitario

Centroamericanos, derivados esencialmente del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y del cual, el Tratado Constitutivo

del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, es un Instrumento

Complementario y anterior, dentro de lo denominado como “ordenamiento jurídico del

Sistema de la Integración Centroamericana”, estipulado en el artículo 15 literal “e” del

referido “Protocolo”, el cual ha sido declarado por este Tribunal en Resolución del día

veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente número 3-4-95

como “el tratado constitutivo marco de la integración centroamericana y por tanto el de

mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra normativa centroamericana sean

éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos u otros actos jurídicos vinculatorios,

anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa …” y que, “

en relación a sus instrumentos complementarios o actos derivados, es el de mayor jerarquía

y juntos estos últimos con el primero, de conformidad al Artículo 35 del mismo, prevalecen

sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros,

bilateral o multilateralmente sobre las materias relacionadas con la integración

centroamericana, no obstante que queden vigentes entre dichos Estados las disposiciones de

aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las mismas no se opongan al